El Gobierno de España ha aprobado un nuevo Real Decreto que refuerza el actual sistema de registro de huella de carbono, en funcionamiento desde 2014, y lo convierte en una herramienta de cumplimiento obligatorio para una amplia gama de organizaciones. A partir de ahora, calcular anualmente la huella de carbono y diseñar planes de reducción de emisiones no será solo una opción voluntaria, sino una exigencia legal con implicaciones relevantes para el sector público y privado.

Esta normativa afecta especialmente a las empresas que ya estaban sujetas a la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, que regula la divulgación de información no financiera y diversidad. También se verán implicadas las entidades de interés público, los grandes grupos empresariales que formulan cuentas consolidadas o disponen de un activo superior a 20 millones de euros, así como todas las instituciones que forman parte de la Administración General del Estado, incluidos organismos autónomos y entidades del sector público.

Con esta nueva legislación, las organizaciones deberán calcular su huella de carbono de forma anual, elaborar planes de reducción de emisiones y registrar toda esta información oficialmente ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Esta medida busca avanzar en la descarbonización de la economía y dotar de mayor transparencia y rigor al compromiso climático del país.

Más allá del cumplimiento normativo, esta obligación representa una oportunidad estratégica. Medir y reducir las emisiones puede convertirse en una palanca para optimizar procesos, reducir costes operativos, acceder a financiación verde y mejorar la posición competitiva en licitaciones públicas. Además, permite reforzar la reputación corporativa y responder a las crecientes demandas sociales en materia de sostenibilidad y responsabilidad ambiental.